Cualquier persona que abra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela encontrará un preámbulo (escrito por Gustavo Pereira) que tiene por objeto «sintetizar» el espíritu de este cuerpo legislativo. Al tratarse de una «interpretación espiritual», no tiene ningún valor jurídico real (nadie puede invocar el preámbulo de manera solitaria) y no queda más que de adorno de la Constitución.

Si uno lee la Constitución con detenimiento, encontrará otros artículos cuya difícil aplicación los sitúan más como adornos.

A raíz de los recientes acontecimientos, mucha gente parece aferrarse a dos artículos de la Constitución como solución a la crisis: el artículo 333 y 350.

Veamos qué dicen el artículo 333 y el 350 y veamos por qué son casi de inaplicable uso:

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Empecemos por el más invocado: el artículo 350. El artículo 350 se ha apelado como recurso para desconocer al gobierno actual («El pueblo de Venezuela […] desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos»). Sin embargo, quienes apelan a este artículo omiten un hecho fundamental: que este artículo pertenece al Capítulo III: De la Asamblea Nacional Constituyente que regula el llamado a conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Como tal, el artículo 350 cuando habla de desconocer «cualquier régimen, legislación o autoridad» no se refiere al gobierno constituido actualmente, sino a aquel que surgiere de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el artículo 350 en realidad es una protección que se le da al pueblo contra una hipotética Asamblea Nacional Constituyente que legislara y creara una nueva Constitución que esté en contra de nuestros principios republicanos.

En resumen: el artículo 350 no es un llamado a desconocer un gobierno actual, sino a desconocer un gobierno futuro que surja de una Asamblea Nacional Constituyente y contraríe nuestros valores republicanos (por ejemplo, imponga una monarquía), los derechos humanos (imponga la pena de muerte), etc.

Supongamos que el día de mañana haya un golpe de Estado y un militar invoque, de manera retorcida, el artículo 350, diciendo (erróneamente) que da el golpe para «desconocer un régimen que va contra nuestros principios». En ese caso, inmediatamente estaría violando el artículo 333 (además de estar cometiendo otros delitos) que impide ejercer un acto de fuerza contra esta Constitución (y un golpe de Estado o el desconocimiento del actual gobierno por vía no legales es, precisamente, una violación del artículo 333).

El artículo 333 tiene otra parte inaplicable: «todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia». ¿Qué persona realmente tiene autoridad para decir que la Constitución dejó de aplicarse y cómo hará esta persona para restablecerla? Muchos artículos de la Constitución suelen tener reglamentos a parte que indican cómo se ejecutarán esos artículos, y de momento no lo hay. De hecho, esa persona «investida o no de autoridad» pudiera estar cometiendo delitos e incluso desconociendo la propia Constitución al tratar de aplicar el artículo 333.

Conocer estos artículos, más simbólicos que aplicables en la vida real, y su funcionamiento es hoy en día de vital importancia, porque se han traído al discurso político de manera incorrecta y han generado falsas expectativas en la oposición, he incluso (y lo que es peor) varios opositores los han usado para atacar a otros opositores por no aventurarse a «aplicarlos», sabiendo que estos artículos no son de aplicable ejecución en la Venezuela actual.

Ante la crisis social, política, económica y moral que atraviesa Venezuela, es imperativo cambiar de gobierno (yo incluso agregaría cambiar de modelo de Estado y pasar hacia un estado con un sistema parlamentario con una democracia liberal, lo cual implica de hecho aplicar el artículo 347 y llamar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente), pero hay que conocer las vías legales reales para hacerlo y así evitar la frustración que suele ocasionar cuando se plantean vías imposibles e insostenibles en el tiempo.


Los artículos en su contexto original:

 

TÍTULO VIII

DE LA PROTECCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Capítulo I

De la Garantía de la Constitución

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley.

Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.

Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de los cuerpos legislativos nacionales que colidan con esta Constitución.

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta.

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con esta Constitución.

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público.

5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad de la Constitución con los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.

6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.

7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estadal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.

8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál de éstas debe prevalecer.

9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público.

10. Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica.

11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

 

Capítulo III

De la Asamblea Nacional Constituyente

Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Artículo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos y electoras en el registro electoral.

Artículo 349. El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución.

Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente.

A efectos de la promulgación de la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Constituyente.

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.