Escrito por Álvaro Rafael en Estado de política, Estado social

Metrocable Caracas

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Cuando tenemos Gobiernos paternalistas que anulan la conciencia de ciudadanía y convierten a los gobernados en súbditos agradecidos por la buena voluntad de sus políticos, nos damos cuenta de cuán domesticada políticamente está la sociedad de un país. Y lo digo por la reciente apertura (con varios años de retraso) del Metrocable de Caracas: una obra que cuenta con pantallas gigantes en las que muestran todo el día entrevistas a usuarios que agradecen al señor Presidente por «cambiarles la vida» con la construcción de una obra prometida durante la pasada campaña electoral e inaugurada recién ahora, en medio de otra campaña electoral (¿motivaciones electoralistas?).

Se llega así a aceptar que es normal agradecer al Gobierno por la construcción de obras públicas, cuando en realidad es para eso que lo elegimos: para que trabaje y gobierne, para que administre el Estado, para que haga uso adecuado de nuestros impuestos —que ya bastante pagamos.

El Gobierno no es un benefactor que llegó de manera casual al Poder, su función está en hacer estas cosas para lo que lo hemos «contratado» mediante el voto, y lo debería hacer sin buscar reconocimiento (lo contario sería buscar réditos políticos de la manera más baja) y cuando no hace las cosas bien un pueblo conciente de su ciudadanía tiene todo el derecho de reclamarle, sin sentir que actúa como un hijo malagradecido. Pero estamos en Venezuela, estamos en un país acostumbrado a tener y estamos acostumbrados a confundir lo que es el Estado (un ente permanente) con el Gobierno (una realidad temporal), y este Gobierno está en el cénit del paternalismo y la manipulación de las masas.

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Recientemente un amigo me comentó cómo en el interior del país la falta de agua y electricidad es tan normal que la gente se extrañó del «escándalo» que se armó cuando en Caracas apenas se sugirió el racionamiento eléctrico. Otra de las consecuencias del sistema paternalista es el centralismo. El centralismo que resigna a los habitantes de la provincia a recibir las migajas lanzadas desde la gran ciudad.

Si en cambio tuviésemos un sistema descentralizado en su totalidad los habitantes de esas ciudades canalizarían de manera más directa y cercana sus reclamos. Pero no es así. Aceptan el sacrificio en beneficio de mantener de pie la capital con sus políticos que dirigen (mal) los destinos de todo el país. Y que dirigen sin mucha preocupación ni interés de hacerlo bien porque saben que tienen a una sociedad domesticada y que la mayor función que tienen como Gobierno es la propaganda política para seguir manteniendo a un «pueblo agradecido». Y un pueblo así nunca reclama; no porque no tenga motivos, sino porque no es malagradecido.

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PS: Algo que me resulta intolerable es la utilización de recursos del Estado para hacer proselitismo político. Me refiero al uso para la imagen corporativa del Gobierno (en cualquier de sus tres divisiones: Nacional, Estadal y Municipal) de simbología similar a la del partido político del gobernante. Abuso cometido tanto por políticos oficialistas como opositores, que convierten un Gobierno (Nacional, Estadal o Municipal) en botín de guerra de su partido político. En un país serio eso sería malversación. En un país serio.

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Hace unos días fui al registro principal de Los Teques para cumplir con unos trámites administrativos. Después de salir de ese laberíntico proceso burocrático que se resumía en: el registrador firma mi título universitario, pensé: ¿Cómo hacen los chicos ciertamente escasos de recursos, que se gradúan en una universidad pública o en una privada con ayudas financieras, para pagar el costo del registro y la colegiatura que ronda los mil bolívares (nuevos)? Si tanta preocupación hay por masificar la educación superior, deberían también reducir el precio de estos trámites, que tanto sacrificio exigirá para pagar a los graduandos económicamente menos favorecidos. Abogado en Caracas (36)

Escrito por Álvaro Rafael en Estado de política

Leviatán en Puerto Cabello

Lo primero que te enseñan cuando entras a cualquier facultad de Derecho es que la Constitución nacional tiene primacía sobre las demás normas jurídicas del país (pirámide de Kelsen, supremacía constitucional). De esa manera, ninguna Ley o Decreto presidencial puede estar por encima de la Constitución. Lo que acotan algunos profesores es: pero estamos en Venezuela.

Y, en efecto, estamos en Venezuela y sólo en Venezuela ocurren cosas como éstas. En los últimos días hemos visto cómo la siempre sumisa e inservible Asamblea Nacional modificó la Ley de descentralización (que llamarse así ahora es irónico) para revertir los logros que el país había conseguido con la descentralización y transferir la competencia de los puertos y aeropuertos al Ejecutivo nacional… el cual, digamos que «sorprendido» por esta reforma del muy independiente Poder Legislativo, no tuvo «más remedio» que firmar el ejectúse a la reforma de la Ley publicarla de inmediato en Gaceta Oficial.

Los argumentos son totalmente falsos y una bofetada a la inteligencia: desde que 1) tales instalaciones eran utilizadas para fines ilícitos (si esto es así, ¡pues que investiguen primero!) hasta 2) su mal uso por parte de las autoridades locales, yendo a 3) la extraordinariamente estúpida idea de que con esto se buscaba revertir el modelo neoliberal de la descentralización promulgada en la IV República y 4) reunificar el Estado. Ahora bien, habría que decirle a quienes argumentan que fueron ellos mismos quienes aprobaron en 1999 esa Constitución que establecía un modelo político-territorial federal y descentralizado y que el artículo 164 numeral 10 es claro cuando dice lo siguiente:

Artículo 164. Es de la competencia exclusiva de los estados: 10. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional.

Es decir, que si desean que los puertos y los aeropuertos regresen al control del ejecutivo… ¡primero deben modificar la Constitución! Y para los que lo olvidan: esto estaba en la reforma constitucional que fue rechazada electoralmente. ¿En qué cabeza cabe que se puede dictar una Ley que desconoce lo que está escrito en la Constitución? ¿Qué interpretación tan superficial ha hecho el TSJ para que esto sea así? Esto no pueden hacerlo, es un Golpe de estado a la Constitución. Pero, claro, como no contamos con Poderes públicos decentes e independientes, ¿qué ocurre? Silencio absoluto, mutis general.

La razón es sencilla, no deberían mentir tanto nuestros señores diputados, ministros y presidente: quieren quitarle poder a los gobernadores que no son afectos a su Gobierno. Esto es bueno que lo entiendan los amigos europeos que creen que Chávez es demócrata porque llama a elecciones: es verdad, llama a elecciones y el mundo enfoca sus cámaras de televisión y envía sus reporteros a cubrir las elecciones y referenda en Venezuela para que ellos mismos vean la salud de la democracia venezolana, que permite incluso que opositores lleguen al Poder. Pero en cuanto se marchan los periodistas extranjeros, ocurre que el todo poderoso Estado nacional desmantela a las Gobernaciones y Alcaldías ganadas por la oposición. ¿Es esto democracia?

Lamentablemente, Venezuela avanza hacia un Estado cada vez más personalista, en el cual el Poder está en las manos de una sola persona, una sola persona que cada día está más fuera de control y no hay quien le ponga límites, porque a eso lleva la falta de equilibrio de poderes: a la corrupción total de las instituciones del Estado. Es grave. Sólo en Venezuela.

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Escrito por Álvaro Rafael en Estado de política, Estado social

Sala Ana Julia Rojas del Ateneo de Caracas

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Ateneo de Caracas » Dejando a un lado las discusiones semánticas sobre si es cierre o final de la concesión del comodato, lo discutible en todo esto es la decisión política que obliga a la Fundación Ateneo de Caracas a desalojar el edificio que ha ocupado desde hace casi treinta años. Particularmente, es una decisión política injusta y vengativa ante una institución que, a diferencia de tantas otras, no decidió plegarse a las posturas ideológicas del gobierno de turno. Con esta decisión política no se perjudica a la directiva de la Fundación Ateneo de Caracas (la cual con toda seguridad se instalará en algún lugar del este de Caracas), sino a varias generaciones que hemos disfrutado de las opciones que ofrece, en una zona accesible en el centro de la ciudad, este espacio alternativo de cultura caraqueño (tan escasos en una ciudad como la nuestra, y los que hay son inalcanzables para muchos que andan a pie).

Desde un aspecto legal » El edificio es propiedad del Centro Simón Bolívar y el Estado (durante el gobierno de Luís Herrera Campins) se lo otorgó en 1983 al Ateneo en calidad de comodato por 26 años (un contrato por el cual una parte entrega a la otra un bien mueble para que haga uso de ella, con la obligación de devolver la cosa después de terminado el uso). El tiempo se ha cumplido, y en todo este tiempo el Ateneo ha demostrado ser una institución privada eficiente en medio del muladar de las instituciones públicas (cada vez más numerosas y cada vez más ineficientes).

El futuro del edificio actual del Ateneo » El mismo Presidente se ha encargado de decir que allí funcionará la sede de una universidad de las artes. Es decir, que después de 10 años el actual Gobierno ha encontrado una sede para la universidad, en lugar de crear un nuevo edificio o expropiar alguno de los tantos abandonados en Caracas. La misión del Gobierno es clara: el único objetivo es sacar a la fundación Ateneo de ese edificio, y está utilizando sin escrúpulos a unos jóvenes estudiantes para ese fin.

¿Recuperación de los espacios públicos? ¿Democratización? ¿Minoría que manejaba a su antojo el Ateneo » El Ateneo de Caracas se caracterizaba por tener una programación muy diversa. Tal como aparece en unos de mis comentarios más abajo, muchas veces compartí sus espacios con gente abiertamente favorable al actual Gobierno, y en ningún momento alguno de ellos se manifestó discriminado. Lo más probable es que desde la nueva administración de ese edificio se promueva (tal como ha pasado y pasa desde otras sedes que han sido tomadas por el Gobierno), en nombre supuestamente de la cultura y la revolución, la visión militarista de este Gobierno.

Muy probablemente, veremos cómo en un espacio que se caracterizó por su libertad cultural se instale una institución partidista, y se pase de la gerencia eficaz al mando cuartelario. Ese día de inauguración de la sede del nuevo inquilino veremos que, entre discursos de exaltación del odio y la incultura, se gritará así es que se gobierna.

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