Escrito por Álvaro Rafael en Estado de política, Estado social

Crimen en Caracas

Acabo de presenciar el robo de un carro. Todo pasó muy rápido: era mediodía y caminaba por la avenida Altamira Sur cuando veo que más adelante hay dos jóvenes de «apariencia normal» junto a un Optra estacionado en la calle, y es cuando del lado del copiloto baja una niñita como de 10 años y los tipos se montan y arrancan a toda velocidad hacia la autopista.

Caigo en cuenta de lo que pasaba cuando de un taller cercano salió gritando una mujer de unos 30 años: otra víctima más de los robos en la ciudad de Caracas. Lo que me indigna de todo esto fue el contexto en que se dio: con una niña de por medio que quedó (y quedará por mucho tiempo) aterrada, con una mujer que probablemente se reventó durante horas de trabajo para comprarse ese carro y con unos mecánicos que le echaron la culpa por dejar el carro abierto (¡la víctima tiene la culpa!). Pero lo que más arrechera me da es saber que, como abogado, es muy probable que esto quede en nada porque la corrupción en los organismos de seguridad inutiliza cualquier plan organizado para acabar con las bandas de este tipo. Pero si llegaran a detenerlos, luego está la corruptela de fiscales y jueces que venden la justicia al mejor postor para liberar a cuanto criminal que ahora anda por la calle.

Esto me indigna particularmente por la sensación de impotencia que tiene uno que legalmente forma parte del sistema de justicia venezolano. Porque uno sabe que si no actuamos para cambiar las cosas somos parte del problema. Pero en este país las cosas han llegado a un punto de degradación tal que el crimen es la ley, que el delincuente es admirado como ejemplo de la fuerza y la viveza criollas y donde las víctimas son responsables de los delitos que sufren. Es por eso que quien actúa bajo el respeto al ordenamiento jurídico es un pobre pendejo que pierde su tiempo y, peor aun, arriesga su vida.

Son muchas las quejas que tenemos sobre el tema de la inseguridad/violencia en Venezuela, apuntamos siempre nuestros dedos hacia el «otro», hacia el «pobre», hacia el que «no tiene nada y roba o mata por envidia», pero en ningún momento nos miramos en el espejo para darnos cuenta que nosotros también tenemos responsabilidad. Porque la culpa del delito está en quien mira y calla, en quien es condescendiente con el delito y el delincuente y quien, por último, deja que éste prolifere en la total impunidad en la que vivimos.

Es indignante, claro que lo es. Pero, como el video Rotten Town de oneChot, todos somos parte del problema y hacemos poco por cambiar la situación.

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Escrito por Álvaro Rafael en Estado de política, Estado social

Metrocable Caracas

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Cuando tenemos Gobiernos paternalistas que anulan la conciencia de ciudadanía y convierten a los gobernados en súbditos agradecidos por la buena voluntad de sus políticos, nos damos cuenta de cuán domesticada políticamente está la sociedad de un país. Y lo digo por la reciente apertura (con varios años de retraso) del Metrocable de Caracas: una obra que cuenta con pantallas gigantes en las que muestran todo el día entrevistas a usuarios que agradecen al señor Presidente por «cambiarles la vida» con la construcción de una obra prometida durante la pasada campaña electoral e inaugurada recién ahora, en medio de otra campaña electoral (¿motivaciones electoralistas?).

Se llega así a aceptar que es normal agradecer al Gobierno por la construcción de obras públicas, cuando en realidad es para eso que lo elegimos: para que trabaje y gobierne, para que administre el Estado, para que haga uso adecuado de nuestros impuestos —que ya bastante pagamos.

El Gobierno no es un benefactor que llegó de manera casual al Poder, su función está en hacer estas cosas para lo que lo hemos «contratado» mediante el voto, y lo debería hacer sin buscar reconocimiento (lo contario sería buscar réditos políticos de la manera más baja) y cuando no hace las cosas bien un pueblo conciente de su ciudadanía tiene todo el derecho de reclamarle, sin sentir que actúa como un hijo malagradecido. Pero estamos en Venezuela, estamos en un país acostumbrado a tener y estamos acostumbrados a confundir lo que es el Estado (un ente permanente) con el Gobierno (una realidad temporal), y este Gobierno está en el cénit del paternalismo y la manipulación de las masas.

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Recientemente un amigo me comentó cómo en el interior del país la falta de agua y electricidad es tan normal que la gente se extrañó del «escándalo» que se armó cuando en Caracas apenas se sugirió el racionamiento eléctrico. Otra de las consecuencias del sistema paternalista es el centralismo. El centralismo que resigna a los habitantes de la provincia a recibir las migajas lanzadas desde la gran ciudad.

Si en cambio tuviésemos un sistema descentralizado en su totalidad los habitantes de esas ciudades canalizarían de manera más directa y cercana sus reclamos. Pero no es así. Aceptan el sacrificio en beneficio de mantener de pie la capital con sus políticos que dirigen (mal) los destinos de todo el país. Y que dirigen sin mucha preocupación ni interés de hacerlo bien porque saben que tienen a una sociedad domesticada y que la mayor función que tienen como Gobierno es la propaganda política para seguir manteniendo a un «pueblo agradecido». Y un pueblo así nunca reclama; no porque no tenga motivos, sino porque no es malagradecido.

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PS: Algo que me resulta intolerable es la utilización de recursos del Estado para hacer proselitismo político. Me refiero al uso para la imagen corporativa del Gobierno (en cualquier de sus tres divisiones: Nacional, Estadal y Municipal) de simbología similar a la del partido político del gobernante. Abuso cometido tanto por políticos oficialistas como opositores, que convierten un Gobierno (Nacional, Estadal o Municipal) en botín de guerra de su partido político. En un país serio eso sería malversación. En un país serio.

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Hace unos días fui al registro principal de Los Teques para cumplir con unos trámites administrativos. Después de salir de ese laberíntico proceso burocrático que se resumía en: el registrador firma mi título universitario, pensé: ¿Cómo hacen los chicos ciertamente escasos de recursos, que se gradúan en una universidad pública o en una privada con ayudas financieras, para pagar el costo del registro y la colegiatura que ronda los mil bolívares (nuevos)? Si tanta preocupación hay por masificar la educación superior, deberían también reducir el precio de estos trámites, que tanto sacrificio exigirá para pagar a los graduandos económicamente menos favorecidos. Haz clic acá para ver datos para el registro. Abogado en Caracas (87)

Escrito por Álvaro Rafael en Estado de política

Leviatán en Puerto Cabello

Lo primero que te enseñan cuando entras a cualquier facultad de Derecho es que la Constitución nacional tiene primacía sobre las demás normas jurídicas del país (pirámide de Kelsen, supremacía constitucional). De esa manera, ninguna Ley o Decreto presidencial puede estar por encima de la Constitución. Lo que acotan algunos profesores es: pero estamos en Venezuela.

Y, en efecto, estamos en Venezuela y sólo en Venezuela ocurren cosas como éstas. En los últimos días hemos visto cómo la siempre sumisa e inservible Asamblea Nacional modificó la Ley de descentralización (que llamarse así ahora es irónico) para revertir los logros que el país había conseguido con la descentralización y transferir la competencia de los puertos y aeropuertos al Ejecutivo nacional… el cual, digamos que «sorprendido» por esta reforma del muy independiente Poder Legislativo, no tuvo «más remedio» que firmar el ejectúse a la reforma de la Ley publicarla de inmediato en Gaceta Oficial.

Los argumentos son totalmente falsos y una bofetada a la inteligencia: desde que 1) tales instalaciones eran utilizadas para fines ilícitos (si esto es así, ¡pues que investiguen primero!) hasta 2) su mal uso por parte de las autoridades locales, yendo a 3) la extraordinariamente estúpida idea de que con esto se buscaba revertir el modelo neoliberal de la descentralización promulgada en la IV República y 4) reunificar el Estado. Ahora bien, habría que decirle a quienes argumentan que fueron ellos mismos quienes aprobaron en 1999 esa Constitución que establecía un modelo político-territorial federal y descentralizado y que el artículo 164 numeral 10 es claro cuando dice lo siguiente:

Artículo 164. Es de la competencia exclusiva de los estados: 10. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional.

Es decir, que si desean que los puertos y los aeropuertos regresen al control del ejecutivo… ¡primero deben modificar la Constitución! Y para los que lo olvidan: esto estaba en la reforma constitucional que fue rechazada electoralmente. ¿En qué cabeza cabe que se puede dictar una Ley que desconoce lo que está escrito en la Constitución? ¿Qué interpretación tan superficial ha hecho el TSJ para que esto sea así? Esto no pueden hacerlo, es un Golpe de estado a la Constitución. Pero, claro, como no contamos con Poderes públicos decentes e independientes, ¿qué ocurre? Silencio absoluto, mutis general.

La razón es sencilla, no deberían mentir tanto nuestros señores diputados, ministros y presidente: quieren quitarle poder a los gobernadores que no son afectos a su Gobierno. Esto es bueno que lo entiendan los amigos europeos que creen que Chávez es demócrata porque llama a elecciones: es verdad, llama a elecciones y el mundo enfoca sus cámaras de televisión y envía sus reporteros a cubrir las elecciones y referenda en Venezuela para que ellos mismos vean la salud de la democracia venezolana, que permite incluso que opositores lleguen al Poder. Pero en cuanto se marchan los periodistas extranjeros, ocurre que el todo poderoso Estado nacional desmantela a las Gobernaciones y Alcaldías ganadas por la oposición. ¿Es esto democracia?

Lamentablemente, Venezuela avanza hacia un Estado cada vez más personalista, en el cual el Poder está en las manos de una sola persona, una sola persona que cada día está más fuera de control y no hay quien le ponga límites, porque a eso lleva la falta de equilibrio de poderes: a la corrupción total de las instituciones del Estado. Es grave. Sólo en Venezuela.

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